La inversión privada comprometida durante 2020 será de $685,135 mdp

Incremento del PIB, el empleo formal y la recaudación de $40,761 mdp, las metas del pacto

El Gobierno y las cámaras empresariales promoverán de manera conjunta mejores prácticas en materia anticorrupción

 

Con el propósito de promover la inversión y de abatir la corrupción en el sector vivienda, representantes gubernamentales y de la iniciativa privada firmaron a inicios de marzo el “Pacto por la inversión en el Sector Vivienda y por el Abatimiento de la Corrupción”.

 

En representación del Gobierno Federal los firmantes fueron Graciela Márquez Colín y Arturo Herrera Gutiérrez, titulares de la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respectivamente, en presencia de Román Meyer Falcón, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Por parte de la industria privada, signaron Enrique Téllez Kuenzler, Eduardo Ramírez Leal y Gonzalo Méndez Dávalos, presidentes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) y de la Cámara Nacional de Vivienda (CANADEVI), respectivamente.

 

Durante el protocolo, los tres organismos empresariales dieron a conocer su compromiso para lograr, entre las empresas y asociados bajo su representación, una inversión bruta en conjunto de 685 mil 135 millones de pesos (mdp) durante 2020, lo que representa un incremento de 15 por ciento en comparación con 2019. Se promoverá que este monto se incremente en los años subsecuentes, en la medida que las acciones del Pacto contribuyan a mejorar las condiciones para el desarrollo e inversiones del sector inmobiliario.

 

La participación será la siguiente: CMIC 411 mil 209 mdp; CANADEVI 173 mil 926 mdp y ADI 100 mil 000 mdp. A partir de esta inversión, se espera la creación de 400 a 800 mil empleos formales, un incremento de 1.7 a 3.49 por ciento del PIB, y una recaudación de 19 mil 814 a 40 mil 761 mdp.

 

Algunas acciones descritas en el Pacto son contribuir a fomentar que los gobiernos estatales y municipales se adhieran a los objetivos del acuerdo; promover la coordinación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y el sector vivienda para erradicar actos de corrupción; proponer y coadyuvar mejoras regulatorias y la simplificación de trámites y servicios para impedir la corrupción; asistir en la revisión del marco normativo en materia de inversión y financiamiento; fomentar la transparencia y rendición de cuentas de los involucrados.

 

Arturo Herrera Gutiérrez dijo que el sector de la construcción representa el 20 por ciento de la actividad industrial y el 6 por ciento del PIB. Por ello, “debemos asegurarnos de tener un entorno económico estable. La actividad constructiva está ligado al sector crediticio, el financiamiento sólo se puede lograr si se tiene una inflación estable y tener un buen manejo en las finanzas públicas”. El titular de la SHCP añadió que la construcción es una actividad muy generosa, porque a través de ella se edifica el capital y la infraestructura que el país necesita, generando una gran cantidad de empleos.

 

La SCHP, en este sentido, propondrá mecanismos en coordinación con la Banca de Desarrollo para el fortalecimiento del sector inmobiliario; promoverá ante las instancias competentes mayores facilidades en el plazo de amortización de créditos y el acceso a éstos por parte de trabajadores formales e independientes; además, procurará la ampliación de plazos y tasas más favorables, la viabilidad de largo plazo de los Organismos de Vivienda, así como mecanismos de crédito para que mexicanos que residen en Estados Unidos compren vivienda en México.

 

Por su parte, la ADI, la CANADEVI y la CMIC instrumentarán acciones que propicien la difusión y el conocimiento de las obligaciones legales entre sus agremiados, informándoles sobre las mejores prácticas de la industria en materia de anticorrupción para que sean replicadas en estricto apego a la normatividad.

 

Asimismo, los tres organismos empresariales consideran la incorporación y mejora de aspectos regulatorios internos, tales como códigos de ética, vigilancia y auditorías; protocolos de denuncias internas en las empresas y externas hacia las autoridades; sistemas adecuados de control, entrenamiento y capacitación; políticas de selección de personal; integridad de las inversiones, relaciones de negocios contra el lavado de dinero y contratos de adhesión, y mecanismos que aseguren la transparencia y la difusión de sus intereses.

 

Lo anterior, afirman, detonará la economía, la creación de empleos y el aumento de la base de recaudación fiscal. Al contar con mayor liquidez y menores riesgos, el mercado se robustecerá y se desarrollará un mercado de bursatilizaciones, líneas de crédito sindicadas, impulso a créditos de liquidez, pasivos hipotecarios y seguro a la vivienda.

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