El sector de la construcción debe ser uno de los pilares básicos de la recuperación económica como consecuencia de los efectos de la covid-19. También hay que destacar la importancia del alivio de la carga burocrática para activar el sector, que junto al turismo seguirá siendo uno de los grandes motores de la economía y el empleo.
Para coadyuvar en este trabajo, el Gobierno, la iniciativa privada y el sector financiero pueden lograr sinergias que persigan un ganar-ganar con los esquemas de colaboración público-privada, creados en nuestro marco jurídico para satisfacer necesidades de interés social. En éstos se prevé la participación conjunta de los sectores público y privado, a través de una relación contractual de largo plazo destinada a la prestación de servicios y mediante la utilización de infraestructura dotada total o parcialmente por particulares, en la que se busca hacer más eficiente el gasto público y se dote de más y mejores servicios a la sociedad.
Lo anterior se puede lograr con un plan de infraestructura que vaya más allá de las obsesiones presidenciales, es decir, la refinería de Dos Bocas, Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía tienen que ser parte de un plan mucho más amplio y ambicioso que enfoque la inversión de la administración en obras que sí representan más demanda y reduzcan la desigualdad que hoy tenemos en salud y educación, por poner uno de tantos ejemplos.
Recordemos que las obras civiles representan 41 por ciento del valor de la producción del sector y en su mayoría se construyen con recursos federales. No obstante, con los recortes en el gasto y las repercusiones que se esperan, según lo dicho por Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, en el marco de la reunión virtual del G20, “debemos administrar los recursos públicos a lo largo del tiempo para apoyar adecuadamente la recuperación económica sin presionar excesivamente las finanzas públicas, ni generar desequilibrios financieros”.
Además, la industria de la construcción se vincula con cerca de 40 ramas de la economía y demanda importantes cantidades de mano de obra, por lo que representa una oportunidad para los gobiernos locales, como Chihuahua, Coahuila y la propia Ciudad de México. Estas entidades están trabajando en mejoras a sus legislaciones para acceder de mejor manera a esta valiosa herramienta de desarrollo, pero también el Gobierno Federal, que busca incidir en la recuperación económica.
El Gobierno, en consecuencia, debe realizar ajustes en los programas sociales y trasladarlos a la inversión, además de canalizar recursos a través del financiamiento o asociaciones público-privadas.
Orlando Adolfo Olmedo Muñoz
@arq_olmedo
Maestro en Valuación Inmobiliaria e Industrial por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Maestro en Public Private Partnership por la Universidad de la Rioja, España. Cuenta con las especialidades en Construcción Sustentable y Eficiencia Energética, y en Desarrollo de Proyectos APP por el Instituto Tecnológico de la Construcción, México. También ha participado de manera activa y ocupado diversas posiciones en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
